EDITORIAL
Puerto Antioquia es la terminal de carga multipropósito que se encuentra en la fase final de construcción en el golfo de Urabá, que se presenta al mundo como un estratégico proyecto que permitirá movilizar al menos 7 millones de toneladas al año y que conectará el centro del país a través de las vías 4G del departamento.
De lo que poco se habla es de la infame historia de muerte y despojo que esconde esta megaobra, redimida en la conciencia social por el espíritu de la pujanza y del “desarrollo socioeconómico” de una región que se presenta como la mejor esquina de América, un logro obtenido mediante el plomo y la sangre de miles de víctimas.
Este puerto que tiene salida al océano Atlántico está ubicado en el corregimiento de Puerto Girón en la desembocadura de los ríos León y Suriquí. Es una de las rutas comerciales más estratégicas con los mercados internacionales. Su costo fue de 774 millones de dólares, entre sus socios está la naviera francesa CMA CGM y tiene el respaldo de entidades financieras como el BID, Davivienda y Bancóldex.
La idea de construir este puerto no es nueva; desde los años 90, empresas bananeras, ganaderas y de palmicultores, en asocio con el paramilitarismo, hicieron todo lo necesario para apoderarse de las 11.269 hectáreas de tierras colectivas pertenecientes a las comunidades negras y que abarcan parte de los corregimientos de Puerto Girón (Apartadó), Nueva Colonia (Turbo) y El Zungo (Carepa).
Estos reconocidos empresarios que fueron judicializados como despojadores de tierras y financiadores del paramilitarismo se beneficiaron de manera fraudulenta por entidades como el Incora (que luego se llamó Incoder) con adjudicaciones de baldíos en las tierras colectivas del consejo comunitario de Puerto Girón.
El exjefe paramilitar y empresario bananero Raúl Hasbún entregó a los tribunales de Justicia y Paz el listado de estos empresarios, entre ellos los hermanos Jaime y Guillermo Henríquez Gallo, quienes vendieron en el año 2014 el proyecto de Puerto Antioquia a Oscar Isaza Benjumea, el magnate del puerto de Buenaventura.
Óscar Isaza, un ingeniero civil nacido en la ciudad de Cali, es uno de los narcos invisibles que hizo parte de su fortuna con el negocio del narcotráfico en Buenaventura. Isaza empezó administrando una bomba de gasolina, luego fue presidente de la cámara de comercio y terminó convirtiéndose en uno de los dueños de la sociedad portuaria de Buenaventura, obteniendo multimillonarias ganancias.
Urabá y Buenaventura tienen una historia en común de muerte bajo el control del paramilitarismo, la existencia del narcotráfico y el nombre de Óscar Isaza Benjumea, quien posa de “exitoso empresario” y que, casualmente, es uno de los socios de Puerto Antioquia con su empresa PIO S.A.S. (Puertos, inversiones y obras).
Antes de la construcción de Puerto Antioquia, las empresas bananeras tenían un muelle privado en el corregimiento El Zungo por donde sacaban el banano de exportación a los mercados de Europa y Estados Unidos. Este puerto siempre fue de control paramilitar.
Por este sitio sacan cargamentos de droga que camuflaban en los contenedores de banano, una alianza que aún hoy se mantiene entre empresarios y paramilitares. Por este mismo puerto, el bloque Elmer Cárdenas ingresó más de 3000 fusiles desde Nicaragua en un barco de nombre Otterloo, que fueron almacenados en las bodegas de Banadex, filial de Chiquita Brands en Urabá.
A los innumerables asesinatos de líderes sociales, masacres, despojo de tierras y desplazamientos para la construcción de Puerto Antioquia, se le suma que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), además de entregar la licencia ambiental sin la consulta previa, sustrajo 1.55 hectáreas que corresponden a una zona reserva forestal protegida y eran necesarias para materializar este proyecto.
El Urabá antioqueño está estructurado como el tipo de ciudad-región que se quiere imponer en el resto del país. Donde el capital transnacional pueda desarrollar un modelo económico extractivista mediante enclaves, con la implementación de zonas seguras bajo el control social paraestatal y con el silenciamiento violento de cualquier expresión de resistencia organizada.
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