EDITORIAL
Las comunidades afrocolombianas e indígenas del pacífico colombiano históricamente han sido invisibilizadas en el escenario público como gestoras y constructoras de sus procesos de bienestar, relegándolas a simples “beneficiarias” de un modelo de desarrollo que es concebido e impuesto por los intereses del gobierno de turno.
Ese modelo estatal de atención de los habitantes ubicados más allá de los centros urbanos refleja la institucionalización de la discriminación, segregación y racismo de la sociedad colombiana. Problemáticas heredadas de la época colonial cuando los indígenas y africanos eran instrumentalizados en trabajos forzosos y que, si bien en el marco de la jurisprudencia nacional actual son abordadas en dirección a su superación, en la práctica dista de hacerse en la realidad.
El rechazo y odio originado por la autopercepción de superioridad de alguien hacia otras personas por motivos étnicos sin duda representa un obstáculo en el disfrute de los derechos fundamentales de los grupos humanos históricamente marginados.
La desigualdad social que alimenta este rechazo se materializa en mayores tasas de mortalidad materna, menor acceso a la educación, empleo, vivienda digna y servicios esenciales de saneamiento como agua potable y alcantarillado.
En Colombia, según estadísticas oficiales del DANE y documentos elaborados por la Comisión de la Verdad más del 40% de la población afrocolombiana manifestó padecer algún tipo de privación en lo social, laboral y/o educativo; se estima que su rezago escolar supera el 30%, mientras que el 98% de los palanqueros y el 37.5% de los negros/afrocolombianos del país han sido desplazados en circunstancias violentas.
Para el caso de los 115 pueblos y naciones indígenas que habitan el territorio colombiano, la discriminación, exclusión estructural, estigmatización y el racismo se agravan con una victimización recurrente por parte de funcionarios públicos, quienes con mayor frecuencia suelen desconocer su derecho a las consultas previas, libres e informadas cuando se trata de intervenir sus territorios con proyectos, expedir decretos y/o instrumentos normativos.
Lo cual ha llevado a motivar pronunciamientos de autoridades judiciales como el fallo de tutela proferido por el tribunal superior del distrito judicial de Bogotá D.C. de la sala especializada en restitución de tierras el 10 de marzo del 2021, donde se reconoce que; “El racismo en Colombia representa un problema de gran envergadura que se encuentra profundamente arraigado en la sociedad, y que es contrario a los principios morales y éticos de la humanidad; es una práctica negada sistemáticamente por la sociedad y sus autoridades, lo que ha conducido a su escasa visibilización”.
Como parte de nuestra propuesta revolucionaria se incluye la superación de toda forma de discriminación como práctica cotidiana dentro de la sociedad colombiana, lo cual representa un desafío que requiere un esfuerzo colectivo en miras de lograr cambios profundos en nuestra estructura educativa, cultural, social, política y económica.
Se hace indispensable materializar una educación con énfasis en la diversidad, la visibilización de nuestras raíces culturales y su aporte a nuestras identidades, cuestionarnos como sociedad sobre nuestros prejuicios y el cómo asumimos compromisos de rechazo a todo tipo de discriminación, estigmatización o segregación de cualquier grupo humano motivado por su raza u origen étnico.
Respetar las formas de ver el mundo y las prácticas de muchas de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, dado que estas miradas encarnan alternativas de vida valederas para estas comunidades e integran el patrimonio biocultural de la humanidad, al igual que brindan insumos importantes para la reconstrucción de la sociedad y los ecosistemas del país en general para un genuino avance hacia la materialización del bienestar colectivo.
De manera simultánea, se hace indispensable cuestionarnos sobre cómo se distribuye el poder. ¿Cómo se define qué tipo de poder se requiere en lo local, regional y nacional? ¿Qué medidas son necesarias para fortalecer el poder y la gobernabilidad de los pueblos sobre sus territorios colectivos y ancestrales?
Se hace necesario crear una economía para los territorios colectivos y ancestrales, cambiando la visión desarrollista que se tiene. El bienestar colectivo no puede limitarse a las actuales visiones modernizantes del desarrollo rural; este debe propender por el buen vivir de las poblaciones y por el respeto al ambiente.
Luchar y ratificar porque todas las medidas que afecten los intereses de las comunidades y sus territorios tengan que pasar los filtros de consulta previa e informada de los grupos étnicos para que estos no contravengan los derechos de autonomías de las comunidades. Particularmente en casos de políticas mineras, agroindustriales, de tierras, del agua y de megaproyectos en general.
La paz que requiere el país debe ser incluyente y transformadora, con énfasis en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y las regiones, que deje a un lado todo tipo de discriminación. Una paz que solo es posible mediante cambios estructurales en el modelo económico y el sistema de gobierno.
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¡Comandante Fabián, venceremos!
