EDITORIAL
La actual dinámica del conflicto armado ha permitido ver el verdadero rostro del gobierno. Ante el fracaso de su programa bandera “La Paz Total”, hoy se impone el modelo de seguridad que revive viejas estrategias militares ya utilizadas en anteriores gobiernos.
Un estado que legitima su modelo de seguridad en antiguas prácticas de la doctrina de Seguridad Nacional; en el que se entrega la soberanía a gobiernos extranjeros, que agudiza el terrorismo de estado y sirve como plataforma para la agresión a países vecinos, no puede autoproclamarse como el gobierno del cambio.
Los nuevos laboratorios de guerra regional, materializados en decretos de conmoción, han generado una crisis humanitaria fraccionada, que es silenciada, como ocurre en el departamento de Chocó, o amplificada, como sucede en el Catatumbo, al vaivén de la coyuntura política y electoral.
La militarización (institucional o ilegal) de los territorios busca desarticular los procesos organizativos de las comunidades y consolidar el modelo económico extractivista, donde el discurso del gobierno desvía la atención del avance del paramilitarismo y se silencian las voces de las comunidades que piden soluciones a los problemas estructurales del país y la búsqueda de una paz real.
Según cifras de algunos analistas del conflicto, entre los años 2022 y 2024, el paramilitarismo aumentó su presencia en el país en un 35.5%, mientras que el copamiento territorial de las disidencias aumentó en un 20.8%.
Los estados de conmoción interior (antes llamados estado de sitio) han servido para que los distintos gobiernos acrecienten la conflictividad social en los territorios, permitiendo la violación de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Los incumplimientos de los acuerdos y alivios humanitarios para las comunidades afectadas por la violencia paramilitar formulados en el marco de la mesa de diálogos con el ELN son evidentes; es así como las medidas de protección colectiva que se aprobaron en diciembre de 2023 no se implementaron.
El giro de ciento ochenta grados en la política de paz hacia la satanización y el negacionismo del carácter político del ELN desenmascara el verdadero talante del actual presidente.
En el fondo, la política de paz y la estrategia de seguridad del gobierno siempre estuvo camuflando su verdadera esencia, que no era otra que el fraccionamiento interno del ELN, el reacomodamiento de las fuerzas militares y la expansión de grupos paraestatales y disidencias en los territorios.
La negación de la existencia de un conflicto armado interno de carácter político y el tratamiento al ELN de “cartel del narcotráfico” y de “grupo terrorista de naturaleza trasnacional” sigue la línea del gobierno norteamericano de Donald Trump y de la necesidad de una intervención militar extranjera, no solo en Colombia, sino en toda la región, poniendo al descubierto la falsa preocupación por los migrantes y el discurso chovinista de Petro.
Lo que sucede en el departamento de Chocó y otras regiones del país es la militarización, la connivencia con el paramilitarismo, disidencias, el desplazamiento, confinamiento, la estigmatización, la criminalización de la población civil, el incremento en las violaciones de derechos humanos y un estado de zozobra y temor generalizado en las comunidades.
Estos laboratorios de pacificación sustentados en la supuesta acción integral del estado, el desarrollo territorial y la gobernanza regional como estrategia de seguridad y defensa, son enviables en tanto no se hagan los cambios estructurales que el país requiere y, como en otros gobiernos, también están destinados al fracaso.
Montañas del occidente colombiano
Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla
¡Comandante Fabián, venceremos!
