EDITORIAL
La profunda crisis estructural del estado está en uno de sus puntos más críticos, situación que se trata de ocultar y maquillar con medidas extremas como la conmoción interna que tiene como eje principal negar la existencia de un conflicto armado de carácter político.
En este contexto, el gobierno impuso medidas represivas como la militarización y la paramilitarización de regiones de importancia económica, donde están siendo vulnerados de manera grave derechos fundamentales de sus habitantes. Y es que a la luz de estos decretos se viene agravando la ya precaria situación económica, social y de seguridad en los territorios.
El derecho a la vida, la autonomía y la libertad se ven amenazados por las actuaciones del gobierno. Las minorías étnicas están siendo violentadas en sus territorios ancestrales y en su cultura.
El resultado es la actual crisis humanitaria (no solo en el Chocó), a manos de actores de violencia no caracterizados, llámese neo-paramilitares o disidencias ex-Farc, quienes están causando una enorme destrucción del tejido social de sectores poblacionales excluidos, los cuales deben cargar con el peso de una guerra impuesta a sangre y fuego.
La situación que viven hoy las comunidades étnicas en todo el pacífico colombiano no es nueva; esta no es una realidad sobreviniente que amerite medidas extraordinarias ante la incapacidad de un gobierno para implementar los cambios estructurales que la nación requiere.
Durante los días 19 y 20 de febrero, en el municipio de Villa de Leyva, se llevó a cabo la cumbre de gobernadores para discutir estrategias sobre el futuro del campo. En este evento, la gobernadora del Chocó realizó algunas afirmaciones que no son ciertas a propósito del reciente paro armado del ELN: «Yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y pipetas con cilindros bomba; nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria».
Esta afirmación, que además de parcializada y descontextualizada, refleja un desconocimiento enorme sobre la realidad colombiana, es propia de la burbuja postmoderna que nos quieren imponer y con la cual pretenden borrar de un tajo la memoria histórica y colectiva de un país, para esconder los crímenes de Estado y la responsabilidad de funcionarios estatales en los mismos.
Cabe recordar los hechos ocurridos el nueve de mayo de 2022 durante el paro armado del Clan del Golfo, donde el Chocó fue uno de los 11 departamentos con mayores afectaciones. Según cifras de la JEP: murieron 24 civiles, 3 miembros de la fuerza pública, 26 vías fueron bloqueadas, 138 comunidades estuvieron confinadas y 180 vehículos resultaron afectados, la mayoría de ellos incinerados.
La miseria y el abandono social que sufre el departamento no son consecuencia de la presencia del ELN en los territorios o de las acciones de hecho que en momentos de aguda confrontación militar se ha decidido emprender ante la vulneración de derechos en las comunidades por parte de las FFMM y sus aliados.
El ELN nace de las comunidades y es el resultado de la desigualdad, la inequidad social y el exterminio político de millones de personas que no nos vemos representados en el actual sistema de gobierno.
Igualmente, la gobernadora cuestiona la voluntad de paz del ELN, a la par que guarda silencio ante las acciones criminales del paramilitarismo en el departamento, poniendo de manifiesto su sesgo ideológico.
Es de público conocimiento que la actual mandataria hace parte de una selecta casta política que se ha turnado por décadas en el poder, enriqueciéndose a través de la corrupción y la apropiación indebida del erario público, causando con ello violaciones sistemáticas de derechos y la muerte a miles de chocoanos.
Querer responsabilizar al ELN de la grave situación humanitaria que vive el departamento es la mejor excusa para seguir ocultando la crónica enfermedad que padece el estado y la podredumbre de su clase política.
Ante este entramado de mentiras y engaños, ¿es necesario debatir sobre cuál es la paz que necesita el departamento? ¿Y cómo se logra el bienestar y la vida digna de las comunidades?
El concepto de paz no es una ficción abstracta moldeada a conveniencia por el gobierno de turno y menos aún es un mandato impuesto para el desarme y la desmovilización de la insurgencia; está en una receta ya probada y fracasada, como ocurrió con las ex-FARC.
La paz es una construcción colectiva con la participación activa de amplios sectores de la sociedad que como resultado produzca cambios estructurales en el país; esos mismos cambios que la clase política tradicional, de la cual usted hace parte, no está dispuesta a permitir.
Por lo tanto, mientras se mantenga la perversa lógica de reprimir el descontento popular con militarización y se imponga un control social con el uso de fuerzas mercenarias, para destruir los territorios con el saqueo de recursos naturales destinados a seguir aumentando las fortunas de unos cuantos multimillonarios en el mundo, será imposible acabar el conflicto armado.
Montañas del occidente colombiano
Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla
¡Comandante Fabián, venceremos!
