Editorial
Buenaventura: Una ciudad dividida entre la opulencia del puerto y la miseria de su gente.
Hablar de Buenaventura y su conflictividad social es mostrar una radiografía de la realidad que vive el país. Una ciudad golpeada por la violencia paramilitar, el capital transnacional, la represión estatal y el desplazamiento. Una historia donde solo cambian los nombres y apellidos de quienes ostentan el poder y se apropian de las millonarias rentas del transporte internacional de mercancías.
Buenaventura es el municipio más pobre del Valle del Cauca; tiene aproximadamente 325.000 habitantes, donde el 87% de su población es afro, el 1.5% indígena y el resto mestiza. El perímetro urbano se divide en dos: una zona insular (conocida como Isla Cascajal) en la que se ha desarrollado el negocio portuario de carga y la zona continental (caracterizada por el uso residencial).
Esta ciudad es un lugar de profundos contrastes: por un lado, la riqueza que hace tránsito en el puerto y, por el otro, la miseria que sobrellevan sus habitantes, donde el 80% vive en situación de pobreza, el desempleo es cercano al 25% y más de 100.000 personas han sido víctimas de la violencia estatal y paraestatal.
Según datos oficiales, este es el puerto más importante del Pacífico colombiano por donde se mueve el 39% del comercio exterior; esto equivale a una cifra cercana a 16 millones de toneladas durante el año 2023.
En lo corrido de 2024, por Buenaventura se registró el ingreso de más de 7 millones de toneladas de carga en contenedores, vehículos, gráneles sólidos y líquidos, que representa el 10% de la carga del país. Además, por este puerto sale el 70% del café y el 98% del azúcar que se produce en Colombia.
La economía “legal” de Buenaventura es controlada por un grupo reducido de clanes familiares pertenecientes a la oligarquía criolla y dos empresas multinacionales: una de ellas es International Container Terminal Service Inc. (ICTSI), compañía de negocios logísticos y portuarios de Filipinas; la otra es la poderosa naviera danesa Maersk.
Ambas multinacionales tienen puertos privados; ICTSI, en asocio con PSA de Singapur, construyó en 2016 un puerto industrial multipropósito de Aguadulce en el área del Bajo Calima, a través de una licencia ambiental fraudulenta del año 2000, modificada en el 2008 y que nunca tuvo la consulta previa de las comunidades.
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura controla más del 60% de las mercancías que allí transitan, concesión entregada a un puñado de poderosas familias del Valle del Cauca por parte del expresidente Cesar Gaviria y su ministro de comercio exterior Juan Manuel Santos en 1992, donde además se liquidó la empresa comercial del Estado Colpuertos como parte de la “apertura económica”.
De la sociedad portuaria hacen parte el Grupo Parody Décheona (familia de la excongresista Gina Parody), el Grupo Harinera del Valle de la familia Paz Bautista, el Grupo CIAMSA (Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles), conformado por los 12 grandes ingenios del Valle del Cauca, y Óscar Izasa Benjumea, el narco invisible convertido en el multimillonario magnate del puerto.
La Compañía de Puertos Asociados (COMPAS S.A.), de la familia Echavarría Obregón, de la cual también es socio el grupo Argos. La empresa Ventura Group, propiedad del controvertido Álvaro Rodríguez, que controla el Muelle 13. Estas son algunas de las empresas que se benefician del negocio de carga en Buenaventura.
Algunas de estas familias, en asocio con el paramilitarismo, también controlan la economía ilegal del tráfico de drogas (desde el microtráfico hasta el tráfico internacional de drogas). Igual pasa con el contrabando de mercancías que posibilita el movimiento de capitales ilegales, el tráfico de armas desde y hacia Centroamérica o Asia.
Una ciudad pensada solo en el crecimiento económico a través de la ampliación del puerto y el desarrollo de infraestructuras conexas o de posibilidades turísticas y comerciales que implican desplazar a la población de la zona insular hacia territorios distantes del mar donde no existen los medios necesarios para la autosostenibilidad alimentaria.
Un puerto que se caracteriza por la pobreza, la desigualdad, la inequidad, las desapariciones forzadas, las casas de pique, los homicidios y la violencia sexual de grupos paramilitares, bandas criminales y fuerzas estatales, donde no importa su gente, solo el tránsito de contenedores llenos de mercancías.
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