Editorial:

LA RUTA MIGRATORIA DEL DARIÉN: EL LUCRATIVO NEGOCIO DEL NARCOPARAMILITARISMO.

De acuerdo al informe sobre migraciones, en el mundo existen 117 millones de personas desplazadas y refugiadas, quienes son víctimas de guerras, violencia, inestabilidad política o económica, cambio climático y diversos desastres naturales.

Las transformaciones geopolíticas y los recientes conflictos en países como Afganistán, Yemen, el Congo, Sudán, Etiopía, Myanmar, Ucrania, Gaza, Haití y Siria han acelerado y agudizado el movimiento migratorio mundial.

Si sumamos los desastres ambientales que provocaron desplazamientos a gran escala en Pakistán, Filipinas, China, la India y Brasil, los terremotos en el sudeste de Turquía y el norte de la República de Siria (que causaron cerca de 3 millones de desplazados), las cifras aumentan de manera considerable.

Muchas de estas personas que huyen de la guerra o que han perdido sus hogares como consecuencia de la crisis climática llegan a Colombia, un país de tránsito en una de las rutas migratorias más peligrosas en América, el Darién.

El Tapón del Darién es una inhóspita selva ubicada en la zona norte del departamento de Chocó que comunica con Panamá. Son 100 kilómetros de un territorio habitado por pueblos indígenas Guna, Emberá y Wounaan, quienes son los guardianes del bosque.

Esta región es considerada como una de las más ricas en carbono del trópico, que alberga una enorme diversidad de especies tropicales; además de ser una frontera natural y corredor biológico entre ambos países, es una ruta migratoria hacia Centro y Norteamérica.

Pero el tránsito por esta ruta tiene diversas limitaciones, entre otras, las dificultades naturales del terreno que la convierten en una trampa mortal, y es allí donde aparecen los “coyotes” del Clan del Golfo, haciendo del problema de la migración un negocio rentable para sus finanzas.

Las zonas del Urabá antioqueño y el norte del Chocó aportan fuertes sumas de dinero al paramilitarismo; el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la minería ilegal y el contrabando son algunas de las contraprestaciones que reciben del Estado para desarrollar el plan contrarrevolucionario en el país.

Desde Turbo y Necoclí, el Clan del Golfo controla la llegada de migrantes en su travesía por el Darién. Según cifras oficiales del gobierno panameño, durante el 2023 transitaron por este país 520 mil migrantes y 260 mil en los primeros nueve meses de 2024 (con una caída del 35% debido a las nuevas políticas antimigrantes impuestas por Estados Unidos).

De acuerdo a informaciones entregadas por los migrantes, por cruzar el Darién esta banda paraestatal cobra 400 dólares por persona, cifra que, si se multiplica por los 520 mil migrantes del año 2023, podemos afirmar que este grupo recibe por esta sola actividad ilícita cifras superiores a los 200 millones de dólares al año.

Pero, detrás de este negocio no solo está el paramilitarismo. Las enormes ganancias son repartidas con autoridades locales, las fuerzas militares del régimen, comerciantes de “bien”, empresas transportistas, partidos políticos de la ultraderecha; en conclusión, todos los “defensores” del sistema económico imperante en el país.

Todos saben que el tapón del Darién es controlado por esta banda y es el escenario en el cual desarrollan algunas de sus actividades ilícitas (ya sea la tala ilegal de árboles, el tráfico de drogas y de armas o el tráfico internacional de migrantes), todo bajo la mirada cómplice de las autoridades departamentales y nacionales.  

Y aunque nos quieran vender la idea de que el gobierno combate y captura a estos mercenarios, o que nos muestren “positivos” de incautación de drogas o armas (que luego son renegociadas tras bambalinas), el paramilitarismo es un fenómeno creado por el estado y es su arma preferida de control social.

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