Editorial:
MULTINACIONALES MINERAS RESPONSABLES DEL DESPOJO Y EL DESPLAZAMIENTO EN EL CHOCÓ
El departamento del Chocó cuenta actualmente con 169 títulos mineros vigentes y 356 solicitudes en trámite para la explotación de oro, platino y sus concentrados. Todos en minería a cielo abierto.
El potencial de recursos minerales que tiene el departamento lo ha puesto en la mira de grandes empresas mineras, las cuales han hecho del saqueo y el despojo una práctica común en Colombia.
Es así como en el año 2000, la región del río Andágueda, comprendida por los municipios chocoanos de Lloró y Bagadó, fue declarada por parte del gobierno nacional como área estratégica destinada a la actividad minera.
En este mismo lugar, pero en 1979, se había legalizado el primer resguardo indígena del Chocó para los Emberá katío. Y en el año de 1999, las comunidades afro asentadas en la cuenca del río solicitaron la titulación de sus territorios.
Para ese entonces, dos multinacionales iniciaban la explotación de minerales en el Andágueda y los procesos de titulación de tierras colectivas fueron una piedra en el zapato para la implementación de la política extractivista.
Una de estas empresas fue la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti Colombia, que explota la mayor cantidad de yacimientos de oro en el mundo y que ha tenido responsabilidad en un sinnúmero de conflictos bélicos en el continente africano.
La segunda hace parte de un consorcio de empresas de origen canadiense (que tiene enormes fortunas ocultas en paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas) y que fue creada con el nombre de Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.
Estos dos pulpos económicos realizaron actividades de explotación minera en el municipio de Bagadó, causando el despojo de 50.000 hectáreas de tierra y el desplazamiento forzado de al menos 33 comunidades.
Adicionalmente, influyeron para que los procesos de titulación de tierras colectivas se congelaran por más de una década, todo bajo el manto de la burocracia y la corrupción. Pero como si fuera poco, impidieron la realización de las consultas previas en las comunidades.
De acuerdo a informes presentados por la Comisión de la Verdad, la multinacional Anglo Gold Ashanti suscribió convenios por 10.176 millones de pesos con unidades militares de la Séptima División, que operaban en sitios donde se encontraban sus concesiones mineras en el Chocó.
Los municipios de Bagadó y Lloró han sido algunas de las zonas más fuertemente golpeadas por el paramilitarismo, como resultado de la connivencia con las fuerzas militares del régimen y el terrorismo de estado.
Entre el periodo de 2002 a 2016, las comunidades asentadas en los territorios colectivos fueron despojadas de sus tierras para desarrollar actividades mineras y miles de familias indígenas y afro fueron desplazadas a ciudades como Medellín, Pereira y Bogotá.
A pesar de la sentencia 007 del 23 de septiembre de 2014, donde el Tribunal Superior de Antioquia le ordenó a estas multinacionales restituir 50.000 hectáreas al resguardo indígena Emberá Katío del río Alto Andágueda, en la práctica se impidió la materialización de la restitución.
Mientras el Estado colombiano no desmonte su aparato paraestatal en los territorios e impida el despojo de tierras para el saqueo de recursos públicos a favor de empresas multinacionales, es imposible alcanzar la paz que tanto se anhela en el país.
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