EDITORIAL.
Son imágenes ya recurrentes ver algunos empleados de las empresas privadas de la información sobrevolar la subregión del San Juan en helicópteros militares cuando los combates contra el paramilitarismo se intensifican y no pueden ocultar la crisis humanitaria que el estado está generando en el departamento.
Al unisonó se repite la mentira ya mecanizada y libreteada en los medios televisivos y radiales: “La guerra en el departamento de Chocó se debe a la disputa por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal”.
Empleados de estas empresas, enviados desde la comodidad y tranquilidad de la capital, sudorosos por el clima y agobiados por moscas y zancudos, entran en escena, presentan su repertorio y regresan raudos a sus oficinas bajo el confort del aire climatizado.
Claro que todo esto hace parte de la narrativa mediática que se quiere imponer en el país, borrando de tajo las verdaderas razones del conflicto armado en Colombia y revictimizando a las comunidades étnicas que han soportado el peso de la guerra como únicos y verdaderos dueños de las tierras ancestrales.
Esta guerra que lleva décadas en los campos sigue siendo por la propiedad de la tierra. Una lucha permanente entre las comunidades por no dejarse arrebatar sus territorios, frente a la voracidad del capital transnacional, la economía extractivista y el terrorismo de estado que sigue bañando de sangre el país con sus fuerzas paraestatales.
La guerra en el Chocó no es una lucha del ELN por el control de rutas de droga o la minería ilegal; es clara nuestra posición y el deslinde con el narcotráfico, como también es inocultable que las ganancias del saqueo del oro o el platino siempre han estado en cabeza de las grandes multinacionales mineras.
Anglo Gold Ashanti Colombia (que explota la mayor cantidad de yacimientos de oro en el mundo) y el consorcio Exploraciones Chocó Colombia SAS, de origen canadiense, entre otras, han realizado por décadas actividades de explotación minera, causando el despojo de 50.000 hectáreas de tierras colectivas y el desplazamiento forzado de al menos 33 comunidades étnicas.
También es importante señalar que el Chocó es un departamento que no ha tenido una tradición de siembra de cultivos ilícitos. Solo hasta el año 2.000, con la expansión del paramilitarismo desde Córdoba y Urabá, se empezó a evidenciar un desarrollo significativo de cultivos de hoja de coca.
La presencia y consolidación del paramilitarismo en el norte del Chocó, en la frontera con Panamá y el Urabá antioqueño les ha permitido controlar las rutas del tráfico internacional de cocaína, al tener una posición geoestratégica, además de la facilidad de conexión con el Caribe, el centro y norte de América.
En la actualidad, las zonas con mayor cantidad de cultivos de coca en el departamento de Chocó están localizadas en Riosucio, punto de entrada al río Cacarica, (con una grave afectación en áreas protegidas del Parque Nacional Los Katíos), Acandí, Unguía y El Carmen del Darién, cerca de la frontera con Antioquia, sitios de control permanente del paramilitarismo.
Esta es la realidad que le ocultan al país, la verdadera cara de la guerra en Colombia. El paramilitarismo se sigue expandiendo a lo largo y ancho del país, donde se les permite el control de las rentas ilícitas mientras ejecuten el plan contrainsurgente, mantengan el control social en las comunidades y permitan el ingreso tranquilo del capital transnacional para el saqueo de recursos.
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17 de febrero de 2025
