El paramilitarismo a lo largo de los siglos 20 y 21 en Colombia ha sido utilizado como política contrainsurgente, una herramienta militar de guerra no convencional. El blanco de esta guerra no fue necesariamente los grupos insurgentes, sino la población civil concebida como la base social y política del enemigo. En esta guerra no convencional se registraron; genocidios, masacres, desapariciones, eliminación individual y colectiva de organizaciones políticas, sociales, además de la mal llamada limpieza social.
En los años 80, en el contexto de la política de paz del presidente Belisario Betancur Cuartas (1982 – 1986), los militares, la derecha y narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado demasiadas ventajas a la insurgencia y desde esa perspectiva ideológica consideraron necesario asumir la defensa del establecimiento, se crearon múltiples grupos mercenarios como; Muerte a Secuestradores (MAS), Mano Negra, entre muchos otros.
En los años 90 el paramilitarismo se volvió un complemento de la lucha antisubversiva hasta convertirse en la principal estrategia del estado colombiano. Entre los años 1996 y 1997 todos los grupos paramilitares se aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Carlos Castaño.
En el gobierno de Ernesto Samper (1994 – 1998), se regularizo el paramilitarismo a través de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR), cuyo principal epicentro fue Antioquia y Córdoba, donde estaba de gobernador Álvaro Uribe Vélez.
Durante el Gobierno de Andrés Pastrana, (1998 – 2002), se inició el proceso de paz con las extintas Farc-EP con la creación de la zona de distensión del Caguán. Mientras se desarrollaba este proceso se diseñó una estrategia militar a gran escala; la reingeniería de las fuerzas militares, modernización de equipo y armamento militar, se da inicio al Plan Colombia (1999) en conjunto con el gobierno norteamericano de Bill Clinton y la expansión a gran escala del paramilitarismo. Finalizado el gobierno de Pastrana se lanza una ofensiva militar y paramilitar sin precedentes para derrotar a la insurgencia y consolidar una política extractivista de recursos naturales y minero energéticos.
En la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006 y 2006 – 2010) se consolido el proyecto paramilitar de las AUC a nivel nacional, se dio su transformación creando la ley de Justicia y Paz o la legalización del paramilitarismo, para asegurar la impunidad de sus crímenes, legalizar bienes ilícitos, y dotarlos de facilidades para el ejercicio político. Fue la época de mayor crecimiento del paramilitarismo, permearon los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y se apoderaron del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en cabeza de Jorge Noguera quien fue condenado en el año 2008.
La relación entre el Paramilitarismo y las fuerzas militares colombianas es orgánica, aunque actúen de manera paralela y encubierta, operan de acuerdo a un mismo objetivo, direccionado desde el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano.
La parapolítica fue un fenómeno que salió a la luz pública en el año 2006, donde se comprobó la relación de políticos, empresarios, terratenientes, religiosos, industriales, comerciantes, periodistas, organismos de seguridad del estado, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El paramilitarismo fue copando estructuras de poder e instituciones públicas, en la perspectiva de formar un proyecto político de alcance nacional cuyo epicentro fue la costa norte de Colombia, con expansión al resto del país. Para ese entonces Ernesto Báez vocero del paramilitarismo reconoció que ellos controlaban el 33 % del congreso de la república.
Colombia es un narco estado, en donde las autoridades de los tres poderes están financiadas por el narcotráfico y en materia geopolítica regional es punta de lanza para agredir al continente en especial los países con gobiernos de izquierda, todo supeditado a los intereses norteamericanos.
Los medios de comunicación en Colombia han hecho del escándalo un espectáculo para atacar al opositor político. Ellos tienen una enorme responsabilidad ética, moral, social y política respecto al esclarecimiento del genocidio paramilitar en la historia colombiana. La información que poseen, la manipulan y no la difunden completamente, solo responden a los intereses de los grandes conglomerados económicos del país que son los dueños de estos medios.
Estados Unidos por su parte, mientras sus intereses no se pongan en riesgo, no les importa si en Colombia existe un estado mafioso, como tampoco las dimensiones éticas, morales e ideológicas de los vínculos de la clase política, de los militares con los paramilitares, al fin y al cabo, son un estado que incurre en prácticas terroristas en el ámbito internacional.
El proceso de Paz desarrollado por el gobierno Uribe con el paramilitarismo nunca acabo con las acciones violentas de estos mercenarios, fue una estrategia política de largo plazo para legalizar las fortunas de paramilitares, narcotraficantes y altos funcionarios estatales, posicionando un proyecto político de extrema derecha.
Los paramilitares, entre otras cosas, son parte de la política contrainsurgente impuesta por Estados Unidos. Las nuevas tareas de los grupos paramilitares son; la custodia de la infraestructura minera, energética, petrolera y de comunicaciones donde exista capital extranjero invertido; frenar, retroceder o aniquilar las expresiones de izquierda o progresistas en Colombia. El gobierno americano sustenta el discurso de la lucha antidroga mediante el apoyo militar, económico y armamentístico, todo esto profundiza la dependencia de Colombia al capital transnacional.
COLOMBIA UN LABORATORIO DE ESTRATEGIAS CONTRAINSURGENTES PARA EL MUNDO:
En el año 2007 el paramilitar Daniel Rendón Herrera alias Don Mario miembro del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), junto con algunos lugartenientes que pertenecieron al Ejército Popular de Liberación (EPL), en especial los hermanos Úsuga, (Giovanni y Otoniel), crean la banda criminal denominada los Urabeños con epicentro en Urabá.
Rápidamente logran expandirse al resto del país controlando el negocio del narcotráfico, cooptando o neutralizando otras bandas criminales. Con la desmovilización de las Farc -EP, algunos mandos medios y combatientes desmovilizados fueron reclutados por esta banda criminal debido a su experiencia militar y hoy están en puestos de poder a su interior, continuando la campaña contrainsurgente en Colombia.
Hoy se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero este nuevo paramilitarismo sigue siendo parte de la estrategia contrainsurgente como una política de estado, respaldada y financiada desde los EE.UU. Es una ideología de terrorismo de estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento, ayer se llamaban Muerte a Secuestradores (MAS), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), no importa el nombre que se pongan, su propósito de existencia sigue siendo el mismo.
Los fines de estos grupos para estatales siguen siendo los mismos; combatir los grupos insurgentes bajo la doctrina de guerra de quinta generación del gobierno norteamericano, facilitar la construcción y el tranquilo desarrollo de megaproyectos en zonas de disputa territorial con la guerrilla, para esto se valen de todas las estrategias posibles; desplazamientos, masacres, asesinato de líderes y lideresas sociales, desaparición forzada y el genocidio. En contraprestación les permiten desarrollar una economía ilegal cuya fuente principal es el narcotráfico.
El discurso estatal potenciado por los medios de comunicación es posicionar ante la opinión pública nacional e internacional que el conflicto armado interno se simplifico a una disputa entre insurgencia y fuerzas paramilitares por el control de las rutas del narcotráfico. Esta falsa premisa no representa nuestra lucha armada y mucho menos lo que se vive en los territorios más olvidados del país. Nuestros ideales son claros; somos una fuerza con fines políticos que busca la transformación del país, la construcción de una nación incluyente para todos y todas. Nuestra lucha es por cambiar las condiciones de miseria y pobreza del país, frenar el saqueo de recursos naturales y minero energético, pero ante todo la protección de los territorios y sus habitantes.
Nuestra justa lucha está respaldada por el respeto al pueblo colombiano, son ellos quienes nos reconocen y quienes podrán juzgar nuestras acciones.
! Comandante Fabián… Venceremos!
Montañas del Occidente Colombiano
Frente de Guerra Occidental Omar Gómez
Ejército de Liberación Nacional – ELN –
Colombia Para Los Trabajadores
! Ni un paso atrás liberación o muerte!
